La plutocràcia de l'esport

La plutocracia en la organización deportiva

El deporte espectáculo está en manos de entidades económicamente poderosas y se muestra con fuerza en la alta competición y en el sector competitivo profesional y oficial. Generalizar la tesis puede suscitar dudas, pero la realidad del deporte profesional, atractivo y espectacular, en países como el nuestro, es que su evolución depende, prioritariamente, de empresas privadas cuyo objeto negocial reside en la retransmissión de eventos deportivos de alto nível y de entidades deportivas que van a presumir de presupuestos deportivos gracias a los beneficios de origen privado y, también, público que obtienen. Entidades de diferente tipologia que lejos de morigerar el gasto destinado a la actividad deportiva lo elevan a unos niveles de cada vez más díficl alcance para muchos de los participantes en la competición. Sin duda, este es un terreno en el que hará falta repensar el desorden económico generado en nuestro tiempo.

Este hecho comporta que el poder deportivo no dependa, exclusivamente, de las victorias, marcas o títulos conseguidos aunque éstos puedan tener algún tipo de relación con aquél. Entidades laureadas por sus históricas hazañas deportivas pueden hoy enfrentarse a una complicada situación económica capaz de suprimir aquellas gestas. El materialismo se impone en el deporte federado y profesional porque sin poder económico no hay poder deportivo aunque se pueda conceder una participación en las decisiones que corresponden al mismo. A veces, el poder económico puede no residir en el propio club o sociedad deportiva y si en el entorno de quien promociona contractualmente su actividad. Los intereses en el deporte profesional han impulsado una competencia selectiva donde, salvo sorprendentes excepciones, se impone el mejor activo y aquel que sabe obtener del mismo mayor rentabilidad y eficacia. Este poder deportivo se sostiene con una correcta planificación económica aplicada al deporte que debe de ser acertada incluso para sostenerlo en épocas de crisis de triunfos deportivos.

Emerge una plutocracia en el deporte, es decir, al dominio de los más poderosos en términos monetarios. Cuando el poderoso requiere del menos poderoso aparece el reparto via acuerdo pero el fuerte, el que sabe que su presencia es necesaria, no pierde poder.

Tener poder deportivo supone facilitar el prestigio y la notoriedad de las personas representantes del club o sociedad deportiva, normalmente directivos que, en muchos casos, van a aprovechar la posición y el interés mediático del fenómeno deportivo. Quien tiene y ejerce poder deportivo se rodea de un entorno afín al aprovechamiento económico de la actividad a cuyo sostenimiento concurre, en interés propio, empleando, entre otras, la imagen, la publicidad y la libertad de expresión permitidas.

De esta forma, el sistema consiente una intrusión deportiva que permite el dominio de los grandes sobre los pequeños, aprovechando la despreocupación de los poderes públicos también interesados en temas económico deportivos. El resultado derivado es que las entidades deportivas de mayor peso pueden situar a sus representantes en las máximas cuotas de dirección de la organización deportiva privada con las siguientes consecuencias:

1)  Dominio sobre las organizaciones deportivas de segundo grado (federaciones, ligas, etc.).

2) Dominio sobre los clubes inferiores económicamente que van a aceptar los ingresos, asignados por reparto, provinentes de retransmissiones deportivas respetando la posición deportiva de aquellos y los derivados de transferencias forzadas de deportistas.

3) Asegurar la regularidad de su activo humano (de socios, directivos responsables y jugadores). La mejor posición económica puede impedir rescisiones indeseadas y permite las mejores contrataciones.

4) Dominio indirecto de la competición estratégicamente cerrada al poder de los plutócratas, y

5) Control del mercado y de la difusión deportivos, por el interés que "lo mejor" suscita a sus agentes.

Las entidades profesionales mercantilizadas persiguen el poder deportivo y una vez alcanzado se obligan a mantenerlo empleando diferentes métodos. Al lado del patrocinio, de mayor o menor incidencia en la organización, hoy aparece la remuneración por la victoria en la competición y, sobretodo, el dinero derivado de la retransmissión deportiva del espectáculo que suscita un gran interés social. Así, sin desmerecer ni entrar en los rendimientos derivados de los cértamenes olímpicos, ganar la “Champions Ligue” o retransmitir partidos de la liga de fútbol española o de un mundial de fútbol conllevan unas muy interesantes contraprestaciones económicas.

En este contexto, también es necesario observar como los patrocinadores persiguen, en la mayoría de los casos, la difusión de productos que facilita el estar en la cabeza de la clasificación deportiva en la que participa el patrocinado. Este hecho bien pudiera conllevar situaciones de alto interés público, como por ejemplo aquellas actuaciones tendentes a predeterminar, mediante precio o simple acuerdo, el resultado de una prueba, un partido y, con ello, de una competición; al efecto, se han hecho públicas posibles compras de partidos, por directivos, jugadores o intermediarios, mediante presión a una determinada entidad o sobre algún sujeto deportivo para forzar una determinada conducta favorable a los intereses del pagador. Y ello a pesar que:

a) son comportamientos sancionados (justicia deportiva y justicia penal), y

b) pudiera parecer difícil estimar como impulsores a los clubes con presupuesto modesto y con escasas aspiraciones deportivas salvo confabulación.

En España, las medidas adoptadas, como la creación de sociedades anónimas deportivas, no han sido suficientes para frenar el gasto de la competición oficial y evitar el asentamiento de una plutocracia deportiva. Las nuevas formas de explotación económica del deporte y el rango social de la actividad deportiva incentivan la aparición de numularios interesados en algo más que el mero cumplimiento de las reglas de juego y el dinero llega a las entidades más fuertes.

Frente al establecimiento de una plutocracia impropia en el deporte se debe de:

1) aumentar la preocupación de los poderes públicos por el deporte y la igualdad en el mismo y evitar la incidencia que pudiera derivar de sus actuaciones de fomento y promoción.

2) las entidades privadas, en garantía del principio democrático en su funcionamiento y organización, han de generar sus propios "anticuerpos" modificando las conductas diferenciadoras en el deporte espectáculo profesionalizado, y

3) avanzar en el proceso normativo sobre el sector profesional para alcanzar una lógica funcional mediante previsiones singulares en la configuración societaria, en la necesidad de llevar una contabilidad transparente capaz de justificar su lealtad económica, en buscar la igualdad en la relación laboral de los/las deportistas y en asentar un reparto proporcional y equitativo de los recursos derivados del propio deporte (impuestos, quinielas, etc).

Estas prevenciones han de ser justas y no deben ir más allá de lo oportuno, entre lo que no se encuentra el impedir la expansión transparente de aquellos que, usando la munitoria deportiva, generan ingresos y se hacen imprescindibles para la organización. Para ello, también será acertado auspiciar y defender la democracia participativa en la organización deportiva evitando que los plutócratas se asienten en ella y puedan eliminar de los órganos deportivos decisores a quienes no alcanzan la condición de necesarios para la competición organizada y planificada.

El reparto de poder deportivo es limitado. De esta plutocracia deportiva, a caballo entre el anhelo deportivo y los plurales intereses extraños al mismo, deriva una nueva competencia, cercana a la existente en el ámbito industrial, que propende a la ocupación de los puestos básicos de la piramidal organización deportiva, con la intención de mantener el poder, el prestigio y la influencia.

La plutocracia, se ha dicho, es visible en el deporte federado profesional, en unas modalidades deportivas más que en otras ,y no alcanza con similar registro a otros sectores de práctica deportiva. Así, en el ámbito del deporte recreativo, hay gimnasios que facilitan la actividad físico-deportiva de sus afiliados a cambio de una cuota desigual vinculada a las atenciones, espacios y materiales puestos a disposición de los practicantes por lo que hay entidades más beneficiadas económicamente que otras. Situación que pudiendo acarrear prestigio para determinados centros, no se confunde con el poder deportivo alcanzado por entidades y directivos existente dentro de la competición federada oficial y profesional.

Una decidida acción pública debe corregir el poder deportivo. La recuperación axiológica del deporte federado no puede depender de la exclusiva voluntad de algunas de las personas y entidades privadas asociadas. De nuevo, la comunión de los diversos intereses en juego, públicos y privados, obliga a que la acción de los poderes públicos se encamine a:

a) garantizar la lealtad en la competición y la igualdad entre sus participantes.

b) reconducir la actividad de los clubes y sociedades deportivas a sus objetivos estatutaria y legalmente establecidos, y

c) adecuar la función de los directivos a las que les corresponden, estableciendo un verdadero régimen de incompatibilidades que permitan eliminar ventajas particulares, aunque sean meramente deportivas.

La actividad del gestor público es de saneamiento, fomento e interés por el deporte y debe estar guiada por los principios de transparencia y de generalidad que conlleva la inversión de fondos públicos en este campo. Y al ser el deporte una materia que a todos, inicialmente, conviene, no es propio de la actividad pública el compartir o acentuar falsos poderes ni aprovecharse de los efectos extradeportivos de la actividad deportiva, entre ellos, como señalan Campo Vidal y Segura: "la utilización del deporte como instrumento de control social", o: "la utilización del deporte como plataforma de acceso al poder político o de prestigio personal". La administración no puede pactar con las entidades privadas un intercambio de usos políticos a través del deporte. De una administración subordinada y sometida al Derecho, se espera la mejor defensa de sus obligaciones, incompatibles con la destrucción de los valores, derechos y libertades que corresponden al individuo y a los grupos en que se integra (art. 9.2 CE) pero garantizando que éstos tampoco van a actuar fuera del ordenamiento jurídico.

El poder deportivo de los “poderosos económicamente hablando o influyentes” está extendido pero, afortunadamente, no es un hecho mundializado porque no todos los países han visto florecer el profesionalismo en sus actividades deportivas o en idénticas disciplinas o modalidades. Menos discutible es afirmar que si que existe una competencia por obtener el poder derivado de la asunción de los cargos de las estructuras deportivas bien por prestigio, bien como escaparate político, especialmente en aquellas federaciones que han alcanzado gran expansión social. En la era de la publicidad los efectos de la imagen se han universalizado y el deporte es un campo excelente de relación, prestigio y poder lo que permite al dirigente federado, especialmente en el nivel internacional, una proyección que no va a rechazar. De aquí que en el contexto deportivo internacional la plutocracia, sin abandonar su poder, se transforme en oligarquía. En este ámbito, es visible la permanencia de unas mismas personas al frente de los organismos deportivos internacionales que, así, perpetúan bajo relaciones de amistad y confianza, un poder difícilmente desinteresado. El vértice de la organización deportiva internacional se constituye, en muchos casos, con simulación del principio democrático y respondiendo a esquemas cuasifamiliares bajo el manto del derecho de asociación (duración de los mandatos presidenciales, ejercicio del voto, etc.).

Una significativa consecuencia del poder mal aplicado al deporte es la depreciación del certamen deportivo. Los criterios económicos pueden llegar a primar sobre los ordinarios deportivos, como es el caso del principio de rentabilidad que va a aplicarse categóricamente. El presupuesto de ingresos es prioritario al trofeo o marca deportiva, por ello, que dos equipos amateurs lleguen a una final de Champions de fútbol no es rentable para el mercado y, pese a la proeza deportiva, no se estará frente a una final económicamente satisfactoria. La primacía de los intereses económicos en juego han generado una confabulación entre diferentes sectores y personas (medios de comunicación incluidos) cada vez más dependientes de aquellos.

Otra consecuencia de la plutocracia deportiva es el progresivo desmantelamiento de los clubes pequeños. El fútbol vuelve a ser el deporte referencia, si un club modesto es capaz de inquietar y vencer al poderoso, éste no dudará en derrotarlo usando su presupuesto económico, por ejemplo contratando a los mejores deportistas de aquél con lo que se evitan el avance de la entidad revelación al no ser fácil generar deportistas de excelencia. La adquisición hasta ahora ha sido fácil porque se ha efectuado a precios realmente irresistibles que rompen cualquier previsión de intransferibilidad. De hecho, también son notorias las adquisiciones de jugadores menores de edad en un paso previo al comentado. 

La plutocracia y la oligarquía son claras en el mundo del deporte federado y se aprovechan de la pasividad de los Estados por esta cuestión y, en algunos aspectos, de su limitada capacidad de intervención en la materia nuclearizada fuera de sus respectivas fronteras. Estas características del poder deportivo hacen alusión a la fuerza de unos pocos clubes y dirigentes, dentro de este entramado extraordinariamente vertebrado. El deporte espectáculo y el profesionalismo en el deporte implantan una subclasificación entre clubes y sociedades poderosos y los modestos asentada en su potencial económico.

FP/1989-2021