La necesaria adopció de mesures de prevenció o precaució en activitats esportives de risc

Sentència del Jutjat Penal 3 de Santander de 4 de desembre de 2018 (rec. 88/2018), sobre les responsabilitats penal y civil en un cas de pràctica de “puenting” amb el resultat de mort d’una menor.

Objecte: Judici seguit contra particular per un delicte d’homicidi per imprudència greu (article 142.1CP) amb petició de responsabilitat civil.

Fets: Amb motiu del desenvolupament d’una activitat esportiva de risc anomenada “puenting” organitzada per la mercantil Aqua 21 Aventura es va morir una practicant que es va llençar: “sin esperar a que hubiera finalizado el procedimiento y con carácter previo a que se le hubiera dado la orden de saltar”.

Es diu que l’acusat, responsable de l’empresa mercantil organitzadora i, per tant, de l’activitat desenvolupada:, “no adoptó las medidas de vigilancia o precaución suficientes debiendo haber velado porque las instalaciones revistieran las mínimas condiciones de seguridad, y concretamente, porque la menor tuviera colocada una línea de vida hasta que llegara el momento del salto. No efectuó sus funciones con la diligencia que le era exigible al no observar el riesgo que ello suponía, ni poseer un nivel de inglés suficiente que le permitiera trasmitir las instrucciones a la fallecida de manera correcta. Tampoco comprobó con carácter previo a la actividad que era menor de edad y que no contaba con la autorización paterna”.

Decisió: Condemnar a l’acusat com autor penalment responsable per imprudència professional greu i acordar una indemnització per responsabilitat directa i solidària a  càrrec de l’asseguradora contractada.

Motivació: La pena imposada és una pena consensuada per les parts amb els efectes que se’n deriven del previst a l’article 787.1 de la LECr i així es recull a la sentència en la qual aprofundeix sobre el delicte imprudent i la jurisprudència del Tribunal Suprem sobre el particular: “El delito imprudente aparece estructuralmente configurado, de una parte, por la infracción de un deber de cuidado interno (deber subjetivo de cuidado o deber de previsión), que obliga a advertir la presencia de un peligro cognoscible y el índice de su gravedad; y, de otra, por la vulneración de un deber de cuidado externo (deber objetivo de cuidado), que obliga a comportarse externamente de forma que no se generen riesgos no permitidos, o, en su caso, a actuar de modo que se controlen o neutralicen los riesgos no permitidos creados por terceras personas o por factores ajenos al autor, siempre que el deber de garante de éste le obligue a controlar o neutralizar el riesgo ilícito que se ha desencadenado. A estos requisitos ha de sumarse, en los comportamientos activos, el nexo causal entre la acción imprudente y el resultado (vínculo naturalístico u ontológico), y la imputación objetiva del resultado a la conducta imprudente, de forma que el riesgo no permitido generado por ésta sea el que se materialice en el resultado (vínculo normativo o axiológico). Y en los comportamientos omisivos habrá de operarse con el criterio hipotético de imputación centrado en dilucidar si la conducta omitida habría evitado, con una probabilidad rayana en la certeza, la lesión o el menoscabo del bien jurídico que tutela la norma penal”.

La sentència s’estén en matèria de procedència de la indemnització amb la valoració de l’abast de la pòlissa subscrita i sense admetre altres intervencions interessades pels afectats; es recorda com el codi penal: “en los preceptos que regulan la responsabilidad civil derivada del ilícito penal, dispone que toda persona criminalmente responsable de un delito o falta lo es también civilmente si del hecho se derivaren daños o perjuicios, en el art 116, estableciendo la obligación de reparar, en los términos previstos por las leyes, los daños y perjuicios causados (art. 109 CP), que comprende la restitución, la reparación del daño y la indemnización de perjuicios materiales y morales ( art. 110 CP EDL), no sólo los que se hubieren causado al agraviado, sino también los que se hubieren irrogado a sus familiares o a terceros (art. 113)”.

En aquest context, la mutualitat responsable al·lega l’aplicació de certes exclusions com la relativa a : “actos celebrados en sitios que no estén debidamente señalizados protegidos o acotados, si la señalización, protección o acotamiento son preceptivos u obligatorios dadas las características del acto”, cosa que no s’accepta i es desestima amb una reflexió seguint la sentència de l’AP Girona 125/2017, de 8 de març, on es va indicar que: “aunque se hubiese acreditado la existencia de cláusulas limitativas, no resultarían oponibles frente a terceros perjudicados, sin perjuicio de su derecho de repetición contra quien corresponda”.

Finalitza la sentència amb la valoració de la indemnització i dels interessos per mora, desestimant les pretensions de reducció.