SAN de 30 de maig de 2002 (rec. 130/2001), sobre la incompetència jurisdiccional per valorar un ascens de categoria en futbol. Objecte: recurs d’apel·lació contra sentència del Jutjat central de lo contenciós administratiu de 3 de setembre de 2001 en matèria d’ascens de categoria d’un club de futbol Fets: El descens de categoria de l’Atlètic de Madrid (A) a segona divisió va provocar el descens de l’equip B que estava en la mateixa categoria a la inferior. Aquesta situació va comportar que la federació decidís mantenir en la categoria al Getafe CF: “que había conseguido la mejor puntuación de entre los cuatro que debían descender a Segunda División B”. El Granada CF va lluitar per l’ascens a l’esmentada categoria i va quedar segon i va considerar que: “tenía mejor derecho a ocupar la vacante” i va reclamar davant la federació de futbol la qual va dictar una resolució declarant incompetència jurisdiccional. En el mateix sentit es va pronunciar el Consejo Superior de Deportes al resoldre el recurs d’alçada interposat cosa que va ser recorreguda en via contenciós administrativa i  que en primera instància va finalitzar amb sentència desestimatòria que és la que es objecte del recurs. Decisió: Desestimar el recurs d’apel·lació Motivació:  Les federacions esportives no són corporacions de caràcter públic integrades en l’Administració i si institucions privades que desenvolupen algunes funcions públiques predeterminades legalment i a les quals s’adscriuen els esportistes i les associacions dedicades a la modalitat esportiva: “en cuanto constituye un requisito para que los clubes deportivos puedan participar en competiciones oficiales y en cuanto canalizan la asignación de subvenciones”. Això està previst a la legislació esportiva (Llei 10/1990, de 15 d’octubre) on també s’indica l’obligatorietat de constituir en el si de les federacions:  “ Ligas integradas exclusiva e imperativamente por todos los Clubes que participen en competiciones oficiales de carácter profesional, Ligas a las que se atribuye la organización de sus propias competiciones en coordinación con la respectiva Federación deportiva y de acuerdo con los criterios que, en garantía exclusiva de los compromisos internacionales, pueda establecer, en su caso, la Administración del Estado”. L’òrgan judicial descriu, a partir de la llei específica i els reglaments de desenvolupament, dos tipus de competències de les federacions esportives: “las propias sujetas a las normas del derecho privado, y las públicas de carácter administrativo, ejercidas por delegación cuando actúan como agentes colaboradores de la Administración pública, sometidas al Derecho público y, en consecuencia, revisables ante la jurisdicción contencioso-administrativa”. I, pel que fa al cas concret, admet l’òrgan judicial que la qüestió es planteja en si la federació hauria d’haver contestat al Granada CF dictant una resolució administrativa i, de l’anàlisi de l’article 33 de la llei i de l’article 3 del RD 1835/1991, de 20 de desembre, considera que no perquè: “(de ellos) se desprende que las competencias públicas de las Federaciones deportivas no pueden extenderse a la resolución de las controversias singulares que planteen los Clubes con relación al derecho al ascenso de categoría, sino a la delimitación de las cuestiones generales atinentes a la organización de las competiciones deportivas, de conformidad con la normativa federativa que corresponda”. A més a més,  afegeix que: “del artículo 41.4.a) de la Ley 10/1990 y de los artículos 25 y 28 del Real Decreto 1835/1991, se desprende que las Ligas profesionales son competentes para organizar sus propias competiciones en coordinación con las Federaciones y de acuerdo con los criterios que, en garantía exclusiva de los compromisos nacionales o internacionales, pueda establecer el Consejo Superior de Deportes. Dicha organización coordinada se articula mediante la suscripción de convenios entre las Ligas y las Federaciones, convenios que, en el caso de autos, fueron tenidos en cuenta para decidir sobre el ascenso”.

SAN de 16 de gener de 2009 (rec. 89/2008) en matèria de suspensió cautelar de una sanció imposada per la Real Federación Española de Ciclismo i abast de la competència revisora Objecte: recurs d’apel·lació contra sentència del Jutjat contenciós administratiu núm. 3 de Madrid. Fets: El Comitè Nacional de Competició i Disciplina esportiva de la RFEC mitjançant resolució de 29 d’agost de 2005 va suspendre d’activitat per dos anys a un ciclista per dopatge en una prova ciclista anul·lant, alhora, els resultats individuals obtinguts a la competició. En alçada, el Comitè Espanyol de Disciplina Esportiva en un primer moment denega la suspensió cautelar de la sanció i desprès es declara incompetent per conèixer del recurs al tractar-se d’una prova internacional a càrrec de la UCI (Unió Ciclista Internacional). S’interposa recurs contenciós administratiu. Decisió: Desestimació del recurs d’apel·lació sense entrar a valorar la procedència o no de la sanció imposada al ciclista per ser matèria que correspon valorar a les instàncies internacionals. Motivació: Diu l’Audiència Nacional que: “La cuestión básica a resolver es la de la incompetencia del CEDD-CSD para resolver un recurso que tiene como base una sanción por dopaje con motivo de un control efectuado en una competición ciclista de carácter internacional y a instancia de la UCI ya que de confirmarse tal incompetència ha de desestimarse íntegramente el recurso de apelación pues de sostenerse tal incompetencia resulta de todo punto improcedente, por carecer de objeto, el plantearse si la sanción es procedente o no y el plantearse si cuando se afrontó la suspensión cautelar en vía administrativa los argumentos de la resolución del CEDD 7-10-2005 eran o no adecuados a derecho más aun si tenemos en cuenta que la vigencia de la justicia cautelar ya sea en la vía administrativa previa (111-4 LRJ-PAC) o en la vía judicial (el Juzgado dicto auto el 20-2-2006 suspendiendo cautelarmente la suspensión de la licencia federativa por dos años) llega hasta donde llega la sentencia (art. 132 de la LJCA )” i que: “en los supuestos de haberse pronunciado sentencia, aunque ésta no sea firme por haber sido recurrida, al ser susceptible de ejecución, carece de significado la suspensión de la ejecución del acto administrativo impugnado, ya que no se está ante la ejecutividad de éste sino ante la ejecución de una sentencia recurrible, de manera que, una vez pronunciada sentencia por el Tribunal o Juzgado de Instancia, huelga cualquier consideración o resolución sobre la suspensión o no de la ejecución del acto”. Tanmateix, es recorda una sentència anterior de la mateixa sala de 12 de juliol de 2007 on es va dir el següent: “Las federaciones deportivas españolas están configuradas (art. 30.1 de Ley 10/1990, de 15 de octubre, del Deporte ) como "entidades privadas" con personalidad jurídica propia. Y que como tales entidades privadas pueden formar parte de un organismo internacional, que en el caso de la Federación Española de Ciclismo se trata de la UCI en cuanto Asociación Internacional no gubernamental que agrupa a las federaciones nacionales de ciclismo, con sede en Suiza, y que se rige por normas de derecho privado (su propio Estatuto y el Reglamento UCI), y por mandato de la disposición preliminar tercera de dicho Reglamento las federaciones nacionales deben incluir implícitamente el mismo en la publicación de sus propios reglamentos y estos últimos deben contener una cláusula expresa en la que se indique que el Reglamento UCI forma parte de sus propia normativa”. Tanto la Federación Española de Ciclismo, en cuanto miembro integrante de dicho organismo internacional, como los deportistas que formen parte de la misma, se comprometen a respetar los estatutos y reglamentos de la UCI y los titulares de las licencias expedidas por dicho organismo quedan sometidos a la jurisdicción de las instancias disciplinarias competentes (art.1.1.004 del Reglamento UCI ). Por otra parte, cuando el deportista insta una licencia de la Federación de ciclismo lo hace conforme a un formulario en el que se compromete a respetar los estatutos y reglamentos UCI, aceptar el Tribunal Arbitral del Deporte (TAS) como única instancia de apelación y, especialmente en lo relativo al dopaje, a someterse al reglamento antidopaje UCI, a las cláusulas del Código Mundial Antidopaje y sus estándares Internacionales. El Reglamento antidopaje de la UCI permite que los controles antidopaje se inicien bien a instancia de la propia UCI o bien a instancia de Comisión Nacional Antidopaje nacional. En el primer caso al tratarse de un control realizado a instancia de dicho organismo internacional se rige por el Reglamento antidopaje de dicho organismo internacional (art. 3 del Reglamento UCI) y cuando se inicia a instancia de la organización antidopaje del país se aplicará el reglamento antidopaje de dicha organización nacional (art. 4 del citado Reglamento). Distinció que considera lògica atès que: “si bien las federaciones deportivas estatales pueden actuar ejerciendo funciones delegadas de la Administración publica, en cuyo caso sus actos quedan sometidos al control jurisdiccional de los tribunales contencioso-administrativos, también actúan, en cuanto entès privados integrantes de una organización internacional que las agrupa, como delegados de dicho organismo internacional y cuando así lo hace no están ejerciendo funciones delegadas por una Administración Publica sino las delegadas por dicho organismo internacional, cuya normativa será la aplicable en tales casos y cuyas decisiones quedarán sometidas a los mecanismos de control establecidos en sus propias normas”. En l’anàlisi de la Llei orgànica 7/2006, de 21 de novembre, de protecció de la salut i lluita contra el dopatge, diu que: “no se debe desconocer, por tanto, el diferente tratamiento jurídico que tienen los controles antidopaje dependiendo del organismo nacional o internacional que los ordene y el ámbito de la competición en que este se produzcan, por lo que no resulta contrario al derecho español el que un organismo internacional acuerde la realización de un control antidopaje fuera de competición a un deportista con licencia federativa española, cuando este deportista y esta federación están integrados en dicho organismo internacional”, perquè, en aquests casos: “la Federación Española no ejerce funciones públicas delegadas de la Administración Pública española sinó que actúa como un ente privado por delegación de dicho organismo internacional por lo que el procedimiento aplicable y el régimen de recursos será el establecido en la normativa de dicho organismo internacional sin perjuicio del control que puedan ejercer el Comité de Disciplina Deportiva en los términos previstos en el art. 22 de la LO 7/2006, de 21 de novembre, referido tan solo a la "compatibilidad de la sanción impuesta con el Ordenamiento Jurídico español, en lo que se refiere a los principios que informan la potestad sancionadora pública". El art. 57.d) de la Ley 10/1990 y al artículo 2 del Reglamento de Control de Dopaje no constituyen un titulo competencial de la federación deportiva nacional para tramitar y resolver todos los procedimientos disciplinarios por doping conforme a la normativa española en la materia, habilitando el consiguiente recurso ante el Comité Español de Disciplina Deportiva y eventualmente ante los Tribunales contencioso- administrativos españoles. Tan solo le confiere facultades para instar dichos procedimientos dentro del ámbito de sus competencias, lo cual presupone que las tenga y que las ejerza. Es por ello que dicha norma no predetermina su competencia ni el procedimiento y, consiguientemente, tampoco el sistema de recursos aplicables en los casos en los que el control de dopaje se haya producido a instancias de un organismo internacional. Los Tribunales contencioso-administrativos enjuician las pretensiones que se deduzcan en relación con la actuación de las Administraciones Públicas sujetas al derecho administrativo ( art. 1.1 LRJCA ) y no se extiende a la actuación de organismos internacionales privados o por delegación de los mismos. A diferencia de lo afirmado en la sentencia de instancia, ello no vulnera el acceso a la jurisdicción frente a las resoluciones del Comité Español de Disciplina Deportiva (art. 58), pues cuando este órgano, adscrito al Consejo Superior de Deportes, adopta una resolución en el ámbito de sus competencias que agote la vía administrativa podrà fiscalizarse en sede contencioso-administrativa (art. 84 de la Ley 10/1990, de 15 de octubre ), prueba de ello es que su resolución ha sido conocida en este caso por los tribunales contencioso-administrativos. Cuestión distinta es si el Comité tiene o no competencia para resolver una determinada sanción, por haberse adoptado fuera de su ámbito de competencia, ya que el art. 58 de la citada norma solo atribuye, como es lógico, a este Comité el conocimiento de aquellas materias que entran dentro del ámbito de su competencia, que como el propio precepto indica es de ámbito estatal y no internacional.

SAN d’1 d’octubre de 2009 (rec. 92/2008), sobre l’adequació a la legalitat de la normativa estatal que regula els processos electorals de les federacions esportives espanyoles MUST READ Objecte: recurs contenciós administratiu contra l’Ordre ministerial ECI/3567/2007, de 4 de desembre, mitjançant la qual es van regular els processos electorals de les federacions esportives espanyoles. Fets: el president de la Reial Federació Espanyola de Futbol (RFEF) disconforme amb l’ordre esmentada interposa un recurs contenciós administratiu al considerar que comporta vulneració del dret fonamental d’associació: “en cuanto impide su potestad de autoorganización, del que forman parte las reglas y procedimientos para elección y sustitución de los miembros de órgano de gobierno y representación sin que una Orden Ministerial, sin cobertura legal alguna, pudiese regular de forma tan pormenorizada el citado régimen electoral, hasta el punto de impedirle ejercer la potestad de autoorganización”. Així mateix considera que hi ha vulneració de la Llei orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del dret d’associació, que fixa entre els elements essencials d’aquest dret: “las libertades de autoorganización y funcionamiento sin injerencias exteriores”, les quals no admeten ingerències, i vulneracions concretes de la llei 10/1990, de 15 d’octubre, de l’esport, del RD 1836/1991, de 20 de novembre, sobre federacions esportives i de normativa FIFA. L’Administració de l’Estat s’hi oposa i va al·legar respecte a la naturalesa jurídica de les federacions esportives, al criteri del Tribunal Constitucional manifestat en sentència 67/1985, de 24 de maig i l’habilitació legal conferida per l’article 31.6 de la Llei de l’esport esmentada. Quan a la normativa FIFA, l’Advocat de l’Estat indica que: “ni la asociación a una Federación internacional ni las reglas que dicha Federación aprueba permiten sustraer del ordenamiento jurídico español del ejercicio competencias públicas legalmente establecidas, y los propios Estatutos de la Federación Española de Fútbol (art. 1.4) proclama el sometimiento al ordenamiento jurídico nacional”. Decisió: Desestimar el recurs Motivació: l’Audiència Nacional recorda que les qüestions plantejades han estat resoltes a la sentència de 30 de setembre de 2009 (rec.93/2008) l’argumentació de la qual dona per reproduïda. Pel que fa a les vulneracions del dret fonamental d’associació atesa la naturalesa privada de les federacions esportives i la potestat d’autoorganització que en disposen es recorden les sentències del mateix tribunal de 26 de febrer de 2009 (rec.6/2007) i de 23 de juliol de 2009 (rec.7/2007) on sense perjudici del reconeixement de la condició d’entitats privades es va assenyalar que: “además de sus propias atribuciones, ejercen, por delegación, funciones públicas de carácter administrativo, actuando en este caso como agentes colaboradores de la Administración pública”, motiu pel qual apunta que: “no es lo mismo una asociación deportiva -género- que una federación deportiva - especie- (Cáp. III del Título III de la Ley 10/1990) pese a que en la demanda, la RFEF, se identifica a si misma, continuadamente, como asociación deportiva y de ahí su equivocada elaboración y conclusión anulatoria ya que toda la argumentación se construye sobre la base de las simples asociaciones deportivas sin funciones públicas administrativas atribuidas como son los clubes deportivos (Cáp. II del Título III de la Ley 10/1990)”. Diferència de tipus d’associació que considera establerta pel Tribunal Constitucional a la seva sentència 67/1985, de 27 de juny, de la qual s’informen alguns dels seus paràgrafs i de la qual – conjuntament amb la legislació aplicable- s’interpreta que: “las federaciones deportivas, esa concreta especie del género asociación deportiva, quedan fuera del ámbito de la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación y se regirán por su legislación específica”. I, en el marc legal específic, hi ha l’article 31-6 de la Llei 10/1990, de l’esport que: “habilita para el desarrollo normativo en lo concerniente a los criterios establecidos para los estatutos, composición, funciones y duración del mandato de los órganos de gobierno y representación, así como la organización complementaria de las federaciones deportivas españolas, aspectos en los que claramente incide la orden ministerial aquí cuestionada al regular los procesos electorales”. A més a més, diu el Tribunal que: “es el ejercicio de funciones públicas de carácter administrativo por parte de las federaciones deportivas lo que avala las diferentes reglas de tutela y control que la Administración del Estado puede ejercitar sobre las mismas y la propia Ley del Deporte remite al desarrollo reglamentario” i que, vistos els antecedents normatius: “la ordre ministerial aquí cuestionada no constituye una novedad de la intervención reguladora con base al control del Estado subyacente al ejercicio de funciones públicas delegades”. D’acord amb l’anteriorment exposat, l’Audiència Nacional entén que l’ordre recorreguda no incorre en vulneració de l’article 22 de la Constitució. Pel que fa  la vulneració de la legislació específica (llei de l’esport i normes de desenvolupament) i, concretament, a l’al·legació de manca d’habilitació legal per incidir en l’àmbit de la potestat d’autoorganització de la federació esportiva s’indica que l’article 30 de la Llei de l’esport: “establece varias previsiones respecto de la estructura interna y los procesos electorales de las Federaciones Deportivas” i que al nostre ordenament jurídic: “es admisible y de frecuente utilización la técnica de remisión normativa de la Ley al Reglamento para que este contemple las normas contenidas en aquella, esta llamada a la norma reglamentaria habrá de incluir todo lo necesario para asegurar la correcta aplicación y la plena efectividad de la Ley”. Per tant, es considera que no hi ha manca d’habilitació legal ni tampoc violació del principi d’autoorganització. Quan a la normativa reglamentaria reguladora del període en que han de tenir lloc els processos electorals fent-los coincidir amb l’any olímpic (JJOO) s’interpreta que: “El hecho de que se establezca un tiempo diferente para iniciar el proceso electoral federativo dependiendo de la participación efectiva en las Olimpiadas, responde a razones objetivas y organizativas que no pueden ser calificadas de arbitrarias y caprichosas ni constituyen una injerencia indebida de la Administración en las Federaciones respectivas, pues la obligación de celebrar el proceso electoral en el primer trimestre del año junto con el intento de evitar las disfunciones detectadas en los años anteriores, también responde a razones objetivas de organización pues según consta en ese mismo informe la mayor parte de las competiciones deportivas de alto nivel comienzan en el segundo semestre del año, por lo que resulta aconsejable que el nuevo Presidente junto con su equipo puedan planificar la líneas de trabajo lo antes posible, evitando que el proceso electoral se desarrolle de forma simultánea a la participación de los deportistas en tales eventos. Por otra parte, para aquellas Federaciones que vayan a participar en los Juegos Olímpicos de Verano, se considera conveniente que el proceso electoral se demore hasta después del evento olímpico, con la finalidad de evitar que la renovación de los máximos órganos de gobierno y representación genere problemas en la organización y representación de nuestras delegaciones en dicho evento, permitiendo que sea el equipo directivo que diseñó el plan de preparación olímpico y sus preparadores y entrenadores los que asistan a dicho evento y dirijan a las delegaciones hasta el final de los Juegos”. Finalment, respecte a la incompatibilitat de la regulació recorreguda amb la normativa FIFA diu l’Audiència que: “la validez o nulidad de una disposición general de carácter administrativo como la que nos ocupa no puede enjuiciarse desde la perspectiva de una normativa privada por la que se rige una federación privada internacional sino con arreglo al sistema de fuentes previsto en nuestro ordenamiento jurídico, integrado por la Constitución, las Leyes y Reglamentos que lo conforman, el derecho comunitario y los Tratados Internacionales suscritos por España, quedando al margen las normas internas de las federaciones internacionales deportivas, pues las Federaciones Deportivas españolas en su faceta privada quedarán sometidas a la normativa de aquellas organizaciones internacionales en las que se integren pero sin desconocer que están, en todo caso, sujetas al ordenamiento jurídico nacional, que no podrán infringir”. (veure per relació la STS de 8 de novembre de 2010, Rec. 2199/2009)

SAN de 17 de setembre de 2013, recurs 19/2013, sobre antidopatge i cooperació amb les instancies privades y públiques internacionals. La LO 7/2006 és norma general que ha de cedir davant una regulació específica com és  el Reglament Antidopatge de la UCI. Objecte: El recurs s’interposa per la RFEC (federació espanyola de ciclisme) i el Comité Español de Disciplina Deportiva contra sentència de 18 de gener de 2013 del Jutjat Central de lo Contenciós Administratiu, núm.3 la qual es revocada. Fets: La sentència valora la compatibilitat amb l’ordenament espanyol d’una sanció imposada per laude del TAD (Tribunal Arbitral de l’Esport, amb seu a Suïssa), el 19 d’octubre de 2009. Decisió: Es recorda la doctrina de la Sala manifestada a la sentència de 30 de gener de 2008 (RA 67/2007) en la qual es va dir que: “les federacions esportives espanyoles estan configurades com entitats privades amb personalitat jurídica pròpia fet que les hi permet formar part d’un organisme internacional; en el cas del ciclisme de la Unió Internacional de Ciclisme (UCI), associació que es regeix per normes de dret privat (Estatut i Reglaments) que pel propi mandat que inclouen han de formar part de la pròpia normativa de la federació nacional”, i a la sentència de 16 de gener de 2009 (RA 89/2008), en la qual abunda en l’anterior i, a més a més, diu que: “tant la RFEC, en tant que membre integrant, com els esportistes que en formen part, es comprometen a respectar els estatuts i reglaments de la UCI i els titulars de llicències lliurades per l’organisme esmentat resten sotmesos a la jurisdicció de les instàncies competents”. Pel que fa al dopatge, es recorda que “el reglament antidopatge de la UCI permet que els controls s’iniciïn a instància de la pròpia UCI o a instància de la Comissió Nacional Antidopatge, en el primer cas, el control es regularà pel reglament UCI”. En virtut d’això, s’afirma que: “si bé les federacions esportives poden actuar exercint funcions delegades de l’administració pública, cas en el qual els seus actes restarien sotmesos al control dels tribunals contenciós administratius, també actuen, en quant ens privats integrants d’una organització internacional que les agrupa, com a delegats de l’esmentat organisme internacional i quan així ho fan, no exerceixen funcions delegades per una administració pública sinó delegades per aquell organisme internacional la normativa del qual serà l’aplicable amb submissió de les decisions així preses als mecanismes de control propis”. En matèria de controls antidopatge, es ratifica, en el cas, l’aplicació del reglament UCI sense que la LO 7/2006 es declari d’aplicació preferent perquè pugui pensar-se que els seus articles 8 i 32 siguin dret necessari i no disponible per una regulació privada basada en l’autonomia de la voluntat, i això, perquè l’enfocament ha de ser un altre i és que aquella llei conté una regulació general que opera a l’àmbit internacional a falta de normativa específica. La norma legal, diu el tribunal: “estableix un sistema de cooperació amb les instàncies públiques i privades internacionals antidopatge i mesures a l’àmbit de la competència dels poders públics espanyols. No estableix normes de dret necessari indisponibles per a la voluntat privada, sinó un marc general aplicable en defecte de regulació específica”.

SAN d'11 de juny de 2014, sobre petició de suspensió cautelar d'un acord de la LFP de descens de categoria. Club Deportivo Guadalajara SAD. Improcedència. Resum: Aquesta sentència frena tota aquella voluntat d'intentar guanyar categoria per la via de la tutela cautelar al·legant procés pendent, aparença de bon dret i perjudicis sentimentals. L'AN davant una petició del Club Deportivo Guadalajara SAD indica el següent: "el descens d'un Club de segona divisió A a segona divisió B genera uns perjudicis econòmics derivats de la seva explotació comercial, però aquests no poden ni deuen prevaldre sobre l'interès general, representat - en aquest cas- per l'adequat desenvolupament de la Lliga professional, màxim si l'acord sancionador ha estat executat i ja ha tingut efectes sobre la pràctica totalitat dels contractes de la plantilla", d'altra banda, diu la pròpia AN: "no poden ser presos en consideració els perjudicis de caràcter moral o sentimental, donada la seva intangibilitat".

SAN de 24 de juny de 2014 (Recurs 138/2013) sobre l’aprovació del Formulari de localització d’esportistes mitjançant una resolució de 4 de febrer de 2013. Fets: L’Asociación de Ciclistas Españoles va interposar un recurs contenciós administratiu contra una resolució administrativa de la Presidència del Consejo Superior de Deportes de 4 de febrer de 2013 que va aprovar el formulari de localització dels esportistes a efectes de facilitar els controls antidopatge. Per a la recurrent, les exigències de la resolució vulneren el principi de jerarquia per excés normatiu a l'establir una localització permanent quan tant la Llei Orgànica 7/1996, com la Llei Orgànica 3/2013, es refereixen a una localització habitual. Decisió: L’Audiència Nacional estima en part el recurs anul·lant parcialment l’annex II del Formulari amb la següent interpretació jurídica:   “Una medida que somete al deportista a un control permanente durante todas las jornadas y horas del año, excediendo de lo que pueda considerarse habitual o frecuente, es una medida desproporcionada y contraria al derecho a la intimidad, y no amparada legalmente, aun considerando el deber de sujeción especial que tiene el deportista como titular de una licencia deportiva...pues podría llegar a equipararse a medidas de carácter penal de localización permanente que solo pueden imponerse como consecuencia de la comisión de un delito”. (confirmada pel TS en sentència de 28 de juliol de 2016)

SAN de 15 de juliol de 2014, sobre autorització d'inscripció d'un club (Salamanca Athletic Club, SAD) al Registre d'Associacions Esportives del Consejo Superior de Deportes (CSD). Adquisició de drets federatius i transformació o successió de SADs. MUST READ Fets: La Unió Esportiva Salamanca va entrar en concurs i els seus drets federatius són adquirits per una societat mercantil de responsabilitat limitada que es transforma en SAD (Salamanca Athletic Club, SAD) per tal d’instar la inscripció en el registre d'Associacions Esportives del Consejo Superior de Deportes. El CSD, malgrat una sentència del jutjat mercantil prèvia, desestima la petició en base a la singularitat de la normativa esportiva on es preveu el camí per constituir SADs, sense permetre que puguin derivar de la transformació de societats de capital. L'entitat societària, en canvi, considera que no hi ha prohibició legal per fer-ho i que la normativa societària es subsidiàriament aplicable i permet fer-ho (llei 3/2009, de 3 d'abril). L'Audiència s'alinea amb el Jutjat mercantil i amb la societat i considera que "no hi ha dubte sobre la possibilitat de transformació de qualsevol societat de responsabilitat limitada en una societat anònima esportiva", tot i fer una observació: "per denegar la inscripció hauria d'haver-se constatat l'incompliment de les previsions legals pròpies de les societats anònimes esportives previstes a la llei de l'esport i no s'ha fet". El vot particular discrepa sobre la possibilitat de transformació que accepta la majoria però, en canvi, entén que "la societat (per la compra dels drets federatius) disposa d'un equip que pot jugar en competició professional cosa que li permet emparar-se en el règim de transformació específic de la llei de l'esport sense tenir que acudir a la legislació de societats ni al principi de favor libertatis", si bé, més que "en un procés de transformació estaríem davant una successió de SADs".

SAN 11/2015, de 18 de setembre, en matèria de procediment sancionador per alineació indeguda de jugadors i el termini de presentació d’acta arbitral i reclamacions. Les regles generals del procediment sancionador Objecte: Recurs d’apel·lació interposat contra sentència de 14 de març de 2011 del Jutjat Central de lo contenciós administratiu núm.9 que va desestimar el recurs interposat contra una resolució de 28 de març de 2008 del Comitè Espanyol de Disciplina Esportiva relacionada amb l’abast del termini de 48 hores de presentació previst a l’article 80 del Reglament Disciplinari de la Federació Espanyola de Bàsquet (FEB) Fets: En el curs de la lliga ACB 2007-2008 determinats clubs o societats esportives van alinear jugadors espanyols en un nombre inferior al previst en un Conveni de Coordinació de 2 de desembre de 2005 (fet que no és objecte de debat) generant-se diferents denúncies que van comportar l’inici d’un procediment sancionador per infracció de preceptes del reglament disciplinari de la FEB. El procediment va ser objecte de recurs per haver-se incoat passat el termini de 48 hores previst a l’article 80 del mateix reglament. Objecció formal que va ser estimada pel Comitè Espanyol de Disciplina Esportiva i pel Jutjat Central, la sentència del qual és l’objecte de l’apel·lació. L’article 80 del reglament disciplinari FEB, estableix que: "El Comité Nacional de Competición y sus secciones resolverán con carácter general sobre las incidencias que se reflejen en las actas de los encuentros y en los informes complementarios que emitan los árbitros, que deberán remitirse al Comité dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a la finalización del encuentro. Igualmente resolverá sobre las reclamaciones, alegaciones, informes y pruebas que presenten los interesados dentro del mismo plazo, sobre cualquier incidente o anomalía, con motivo u ocasión de un encuentro o competición. Transcurrido dicho plazo, el Comité de Competencia no admitirá más alegaciones que las que requiera expresamente...". Decisió: Estimar el recurs i revocar la sentència recorreguda Motivació: Malgrat que les infraccions de les regles del joc i d’una competició esportiva requereixen d’una resposta ràpida per no entorpir el desenvolupament de la competició: “esa rapidez en relación con el plazo de 48 horas que se discute no puede contradecir las reglas generales del procedimiento sancionador y, entre ellas, los plazos de prescripción de las infracciones que superan siempre el plazo de las 48 horas. Por ello,el  este Tribunal de Justicia entiende que la interpretación adecuada del articulo 80 referido es que el plazo de 48 horas no es un plazo preclusivo para incoación del procedimiento ordinario sino que es un plazo que vincula a (1) los árbitros de los encuentros en cuanto que deben remitir en ese plazo las incidencias reflejadas en las actas de los encuentros y sus informes complementarios y (2) a los interesados que en relación con esas incidencias deben presentar reclamaciones, alegaciones o pruebas también en ese plazo. Y la consecuencia de que transcurra dicho plazo no es que ya no se pueda investigar ni incoar ningún procedimiento sancionador sino que tal como se recoge en el citado artículo 80 in fine transcurrido dicho plazo de 48 horas, el Comité de Competición no admitirá más alegaciones que las que requiera expresamente".

SAN 30/2016, de 22 de gener, mitjançant la qual s'estima la responsabilitat de l'Estat pels efectes sobre un ciclista professional d'una sanció disciplinària en un cas de dopatge que va ser anul·lada en via judicial. (veure STS 708/2017, de 25 d'abril) Fets: L'origen del cas està en la sentencia del TS d'11 de desembre de 2012 mitjançant la qual es va ratificar una sentència del TSJ de Valladolid de 14 de juny de 2011 que va anul·lar unes sancions per dopatge en apreciar irregularitats en el procediment de presa de mostres en un control. El ciclista i una empresa, afectada per la resolució del contracte del cessió dels drets d'imatge amb motiu de les sancions, demanen una indemnització per danys i perjudicis que va ser denegada per l'òrgan competent del Ministeri d'Educació, Cultura i Esport, la resolució del qual, emesa el 30 d'octubre de 2014, és objecte del recurs contenciós administratiu. El demandant, ciclista professional, entén que no té perquè assumir els danys derivats d'una decisió contrària a Dret que li va impedir continuar amb la seva activitat professional. L'advocat de l'Estat, per la seva banda, entre altres al·legacions, recorda que el Comité Español de Disciplina Deportiva (CEDD) l'únic que va fer es declarar-se incompetent per resoldre un tema en mans de la UCI (Unió Internacional de Ciclisme). L'Audiència Nacional situa la pretensió a l'article 142.4 de la Llei 30/1992 (PACiRJ) atès que la responsabilitat demanda es fa derivar de l'anul·lació judicial de sancions imposades per la RFEC (Federació Espanyola de Ciclisme) i confirmades pel CEDD. Recorda que han de concórrer tots els requisits establerts a l'efecte en aquella Llei com el dany efectiu, individualitzat i avaluable econòmicament, el nexe causal entre l'actuar de l'Administració i el resultat danyós i la lesió antijurídica, en el sentit d'absència d'un deure jurídic de l'administrat de tenir que suportar el resultat lesiu. A l'efecte, es recorda, entre altres, la STS de 9 de desembre de 2015 (Recurs 1661/2014). S'examina la raonabilitat i el raonament de la resolució sancionadora que afecta a qüestions que per les demandades són encara controvertides, com si la federació espanyola actua o no en exercici de funcions delegades de l'organisme internacional. Pel Tribunal, la resolució del CEDD (ara Tribunal de l'Esport) es confirmatòria de la dictada per la RFEC i per tant no la modifica amb independència del motiu al·legat i arriba a la conclusió de que: "no es pot excloure la responsabilitat de l'Administració amb fonament en la manca de competència del CEDD-CSD". A més a més, quan al tipus de potestat disciplinària exercit, diu que: conforme al criteri del TS: "entre les funcions públiques exercides per delegació per les federacions esportives hi ha les sancionadores encara que es tracti de competicions internacionals" (organitzades dintre del territori de l'Estat). També, inclou dintre d'aquelles funcions les relatives a la "privació o la suspensió de llicències federatives". A partir d'aquí, sens perjudici del caràcter més o menys raonable de la resolució del CEDD, entén que: "la resolució és atribuïble a l'Administració de l'Estat a l'actuar la federació per delegació d'aquesta i, a més a més, és antijurídica com s'indica a la resolució judicial que la va anular" (per incompliment de garanties en el curs del procediment sancionador reglat). Al costat de la antijuricitat, el tribunal entén que concorren la resta de pressupostos que emparen la indemnització instada tot i que la minora. Al efecte, diu que: "la sanció de suspensió de la participació del ciclista en competicions oficials va comportar un dany efectiu, avaluable i, a més, es dona un nexe de causalitat entre la sanció i la lesió patrimonial".

SAN 33/2016, de 26 de gener, que confirma el dret dels esportistes que no volen participar en competicions autonòmiques i si en nacionals o internacionals, a obtenir llicència directament de la federació estatal. L'Audiència Nacional resol a partir de la Llei 10/1990, de 15 d'octubre, de l'esport i del RD 1835/1991, de 20 de desembre. En relació amb la primera no entra en la modificació operada mitjançant la Llei 15/2014, de 16 de setembre de racionalització del sector públic. La federació demandant (Federació Basca d'Automobilisme) creu que els esportistes bascos per obtenir llicència estatal han d'obtenir previament la llicència autonòmica. El tribunal diu que en les normes abans esmentades: "es distingeixen dos tipus de llicències per als esportistes que vulguin participar en competicions oficials d'àmbit estatal i això sense que l'opció es faci dependre del lloc de residència de l'esportista". Indica que: "es pot optar per sol.licitar llicència esportiva nacional, de lliurament directe de la federació espanyola, o a través de la federació autonòmica per obtenir la llicència autonòmica". En aquest segon cas, el titular de la llicència autonòmica per participar en competicions estatals ha d'obtenir una homologació de llicència que tindrà lloc: "sempre i quan la federació autonòmica estigui integrada en la federació esportiva espanyola i aboni la quota econòmica pertinent".