Anàlisi judicial de la comercialització de drets audiovisuals de la selecció de Brasil

Sentència 8/2019, de 3 de juliol, de l’Audiència Nacional, sobre inexistència de blanqueig de diner i grup criminal en la gestió d’uns contractes relacionats amb drets audiovisuals de partits de la selecció brasilera de futbol

Objecte: Cas Rosell/CBF: recurs d’apel·lació interposat pel Ministeri Fiscal contra una sentència de la sala penal de l’Audiència Nacional de 24 d’abril de 20’19 que va absoldre a determinades persones d’un delicte de blanqueig de capitals i de pertànyer a grup criminal.

Fets: En juny de 2015 la Fiscalia de l’Audiència Nacional (AN) va rebre una: “Comisión Rogatoria del Departamento de Justicia de EEUU, derivada de la investigación llevada a cabo por la Fiscalía del Distrito Este de Nueva York sobre la participación de funcionarios de la FIFA en actividades delictivas, y las sospechas de que estos hubieran recibido millones de dólares en concepto de pagos ilícitos, como sobornos y comisiones clandestinas, satisfechos por empresas de medios de difusión y marketing deportivo, con el fin de obtener y mantener contratos de comercialización de los derechos de difusión y marketing relacionados con el fútbol, solicitándose el bloqueo e incautación de fondos en cuentas corrientes (de determinades persones)”.

Fruit d’això es van obrir diligències prèvies i el procediment al qual dona lloc el recurs comentat. Al principal demandat de nacionalitat espanyola (director esportiu en Espanya de la firma Nike i expresident del FC Barcelona) se li atribueix una relació amb el president de la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) en els fets que es fan derivar de: “las relaciones comerciales relacionadas con la explotación de los derechos audiovisuales de la selección brasileña de fútbol hasta hacerse con los concernientes a su comercialización y difusión (mediante) la multinacional privada International Sports Events Company (ISE), domiciliada en las Islas Caimán”.

El president de la CBF tenia facultats contractuals per a l’adjudicació d’aquests drets audiovisuals especialment desprès de l’interès pels partits amistosos d’aquesta selecció per par d’un grup empresarial àrab que volia ampliar el seu negoci de retransmissió d’esdeveniments esportius.  El principal demandat espanyol va crear una societat a New Yersey per fer d’intermediària en la negociació de la cessió de drets audiovisuals (Uptrend Developments LLC) la qual tenia com a societat matriu la Fundación Regata amb la qual aquell operava a títol particular.

El 24 de novembre de 2016, CBF i ISE signen el contracte de cessió dels drets audiovisuals de 24 partits amistosos, sense generar cap perjudici econòmic per CBF, que es van ampliar en cinc més el 30 de maig de 2017 fruit de l’adquisició dels cedits prèviament a una altra empresa (American Beverages). El 2 de maig de 2017 es va signar el contracte d’intermediació entre ISE i Uptrend que iba a representar per aquesta darrera un cobrament de mes de 8,3 milions d’euros a pagar en un compte obert a Andorra, el gestor de la qual també es veu implicat en els fets.

A banda, hi ha d’altres operacions derivades que són objecte de l’examen judicial. D’una banda, la venda per part de l’expresident blaugrana de l’empresa Bonus Sport marketing (BSM), empresa que per motius econòmics va acabar tancada, i d’altra, la denominada operació Ailanto, CBF i Nike de rescissió d’un contracte i devolució d’un préstec.

Decisió: Desestimar el recurs d’apel·lació

Motivació: Desprès de comentar la doctrina sobre la possibilitat de revisió pejorativa de les sentències absolutòries (Tribunal Constitucional i Tribunal Europeu de Drets Humans) es recorda que la conversió de les absolutòries en condemnatòries en determinades circumstàncies excepcionals amb remissió a l’article 792.2 de la Llei d’enjudiciament criminal (LECr). En el curs d’aquesta exposició s’indica que: “la regulación de la actual apelación no tiene en cuenta el interés ciudadano en corregir inexactitudes o incorrecciones en el enjuiciamiento en la primera instancia que puedan llevar a la condena del indebidamente absuelto o a la agravación de la sanción del condenado a menos, sino únicamente el derecho del condenado a que esto no se haga sin darle la oportunidad de declarar y alegar, aumentando las probabilidades de obtener una resolución justa, confirmando que la apelación regulada en la ley no es un auténtico novum iudicium, ni un recurso ordinario, sino uno de conocimiento restringido”, que: “cuando el debate se plantee respetando totalmente los Hechos Probados, -que deben quedar intactos-, invocando solamente cuestiones jurídicas, en lo que sea un mero ejemplo de "error iuris", no es necesario oír personalmente al acusado, pues su derecho de defensa queda perfectamente garantizado por la postura que en esa representación y asesoría realice su Abogado” i que: “cabe, por contra, la agravación o incluso la condena del absuelto si el motivo no es este "error en la valoración de la prueba", cuando, mantenidos íntegramente los hechos probados consignados en la sentencia de instancia por el órgano a quo, el Tribunal ad quem realice una subsunción jurídica diferente, dentro de los límites de lo solicitado por la acusación”.

En el cas, atès el motiu adduït en el recurs d’error en la valoració de la prova per manca de racionalitat en la motivació fàctica, el tribunal diu que s’ha de limitar a: “comprobar la racionalidad del proceso argumentativo, esto es, si el Tribunal de instancia (STS 327/2016, de 20 de abril ) se ha ajustado a las reglas de la lógica, no ha desconocido injustificadamente las máximas de la experiencia, y no ha ignorado los conocimientos científicos, y que, por lo tanto, su valoración de las pruebas no ha sido manifiestamente errónea, absurda, caprichosa o absolutamente inconsistente”.

Quan al fons i sobre l’errònia valoració de la prova, pel Ministeri Fiscal, el recurrent, hi ha: “unos sólidos indicios de simulación negocial que evidencian un claro ocultamiento de una operación de pago de comisiones il·lícites por la venta (intermediada por los acusados) por parte del presidente de la CBF de unos derechos deportivos que no eran suyos, sino de la CBF”. En canvi pel demandat: “el Tribunal ad quem no puede revalorar las pruebas, sólo constatar si las habidas en el plenario han sido valoradas racional y no arbitrariamente, y así se desprende de la motivación extensa y pormenorizada que indica que lo practicado en el plenario tiene credibilidad exculpatoria, pues hay licitud en las cantidades percibidas, deficiencias en la investigación policial, análisis acertados de la testifical, pericial y declaracions de los acusados y de las supuestas operaciones sospechosas que dan racionalidad a negocios Internacionales de sociedades extranjeras realizados por personas no residentes en España que ni son "tapadera" (pues prestan servicios reales con gastos reconocidos por la AEAT) ni dejan de tener su lógica económica, al decir de los peritos”.

I a partir de les al·legacions del recurrent i dels demandats, la Sala d’Apel·lacions de l’AN interpreta que el recurs s’ha de desestimar perquè: “fundado en una presunta infracción del derecho a la tutela judicial efectiva por motivación irracional, tal y como señala la s TS 39/2015, de 29 de mayo , este derecho, cuando es invocado por el Estado como titular del ius puniendi para revocar una sentencia absolutoria, sólo alcanza a supuestos absolutamente excepcionales, y no puede construirse invirtiendo en forma espectacular la argumentación sobre la razonabilidad de la valoración utilizada en el ámbito del derecho fundamental a la presunción de inocencia, supuesto excepcional que no concurre en el presente supuesto, en el que lo único que se aprecia es una simple discrepancia del recurrente con respecto de los Hechos dados por acreditados por el Tribunal a quo, acogiendo las tesis exculpatorias y descartando las suyas, incriminatorias, que, en ningún caso, adolecen de irracionalidad”.

Quan al fons i la possibilitat d’infracció de normes de l’ordenament jurídic, el tribunal, partint de la no modificació dels fets provats i fent un mer anàlisi de la subsumpció jurídica, assenyala, en el marc de l’article 301 del Codi penal (blanqueig de capitals), que: “es imposible asumir una tesis condenatoria por el delito de blanqueo de capitales, tanto desde una óptica fáctica que entiende que las operaciones que partieron como sospechosas, fueron reales, existentes y lícitas, como porque no hay actividad precedente que pueda entenderse como delictiva en Brasil - ya lo hemos recogido en el punto precedente al reanalizar la racionalidad de la motivación fáctica de la prueba-, faltando el requisito de doble incriminación y un elemento tan esencial en la configuración e interpretación del tipo delictivo principal acusado, que, huelga seguir analizando otros para absolver como acertadamente se ha absuelto”; i, en relació amb l’article 570 del Codi Penal (grup criminal) que: “no puede condenarse -y menos en esta instancia que acepta los Hechos probados-, dado que estos, no permiten subsumirlo en los requisitos que este exigiría de agrupación de más de dos persones (elemento cuantitativo) de menor entidad y cohesión, que, concertada en una idea criminal y coordinada para ejecutarla (elemento finalístico), exterioriza una cierta potencialidad lesiva para afectar al orden público (elemento subjetivo), suponiendo un plus a la pluridelincuencia, que como vemos exige, en alguna forma, se pueda conectar con una actividad criminal concreta, que aquí no se ha determinado finalmente probada”.